Cuando te enfrentas a una decisión injusta de la Administración, el recurso contencioso-administrativo es tu última opción para pelear en los tribunales. Pero ¿en qué leyes se basa este proceso?
No es simplemente una cuestión de «voy a demandar», sino que hay un marco legal muy claro que establece cómo, cuándo y en qué condiciones puedes recurrir a una decisión administrativa.
La principal norma que regula todo es la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dicta las reglas del juego cuando llevamos un caso contra la Administración a los tribunales.
Pero no actúa sola, también, entra en escena la Ley 39/2015, que establece el procedimiento administrativo previo, la Ley 40/2015, que regula el funcionamiento de la Administración, e, incluso, la Constitución Española, que asegura que cualquier ciudadano pueda recurrir a decisiones administrativas ante la justicia.
¿Te interesa saber más de este tema? Sigue leyendo, te explicaremos cómo funciona el recurso contencioso-administrativo.
¿En qué consiste, exactamente, un recurso contencioso-administrativo y cuándo vale la pena usarlo?
Si, alguna vez, te has enfrentado a una decisión injusta de la Administración y te han rechazado todos los recursos administrativos, debes saber que, aún, no está todo perdido. Existe un último cartucho que quemar: se trata del recurso contencioso-administrativo.
Un contencioso-administrativo es, en esencia, un procedimiento judicial contra una disposición general o un acto presunto o expreso de cualquier organismo administrativo que ponga fin a la vía administrativa.
Igualmente, se emplea contra la inactividad de la Administración ante un requerimiento de un interesado o frente a actividades ilegales; asimismo, los organismos públicos pueden recurrirlo si consideran que una resolución perjudica el interés público.
En otras palabras, básicamente, es llevar a juicio a la Administración cuando creas que ha tomado una decisión injusta o ilegal. En este caso, ya no le estás pidiendo que se revise a sí misma (como en los recursos administrativos), sino que le dices a un juez que compruebe la resolución, que intervenga y la anule.
Eso sí, no puedes usarlo para cualquier cosa. Primero, es necesario haber agotado los recursos administrativos anteriores, salvo en los casos en los que la ley permite ir directamente al juez.
¿Quién tiene derecho a interponer un recurso contencioso-administrativo?
Antes de nada, es necesario indicar que el recurso contencioso-administrativo debe presentarse en juzgados especializados, establecidos por el ordenamiento jurídico nacional.
Para ser más exactos, existe un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cada localidad, además de una instancia superior en cada comunidad autónoma y salas correspondientes en los tribunales superiores de justicia: la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
En cuanto a quienes pueden interponerlo, la regulación define que cualquier persona física o jurídica, asociaciones, sindicatos, grupos, corporaciones y entidades con interés legítimo pueden hacerlo. Sin olvidar que, también, tiene esta posibilidad la propia Administración.
¿Es necesario contar con un abogado?
Las leyes actuales determinan que la intervención de un Abogado Contencioso Administrativo es obligatoria, mientras que la de un procurador es opcional. Si se opta por no utilizar procurador, las notificaciones se entregarán directamente al abogado.
No obstante, la presencia de un abogado y de un procurador es obligatoria cuando el recurso se tramita ante las salas de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, o frente a un órgano colegiado.
Con respecto a los funcionarios públicos, estos pueden actuar por sí mismos en recursos relacionados con derechos estatutarios o con cuestiones de personal sin necesidad de abogado o de procurador; sin embargo, en otros casos, deben cumplir las mismas obligaciones que cualquier otro interesado.
De todas formas, y obligaciones aparte, los procedimientos contencioso-administrativos son complejos y requieren un conocimiento especializado; por eso, te recomendamos usar los servicios de Life Sector Público, que incluyen:
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Plazos para presentar un recurso contencioso-administrativo
Es importante mencionar que los plazos son muy importantes. Generalmente, tienes dos meses desde que recibes la notificación de la decisión administrativa para presentar el recurso (o seis meses en algunos casos de silencio administrativo).
- Notificación de resolución: en el caso de que la Administración notifique una resolución que pone fin a la vía administrativa, el plazo es de 2 meses desde la recepción de la notificación.
- Acto presunto: si se repite un acto presunto, el plazo es de 6 meses desde que ocurrió el acto.
- Silencio administrativo: cuando la Administración no responde en un plazo de 3 meses, el recurrente dispone de 2 meses para presentar el recurso.
- Inactividad administrativa: llegado el momento, si la Administración no ejecuta un acto firme en 30 días, el plazo para recurrir es de 2 meses.
- Recurso de reposición: al presentar un recurso de reposición y ser desestimado o considerarse desestimado por silencio, el plazo para el recurso contencioso-administrativo es de 2 meses.
- Litigio entre administraciones públicas: el plazo será de 2 meses, salvo que se concrete otro plazo.
En definitiva, el contencioso-administrativo es la forma de plantar cara a la Administración en los tribunales cuando una decisión te perjudica y no has conseguido que la revisen por la vía administrativa. No es un trámite rápido o barato, pero, en muchos casos, es la única forma de hacer justicia cuando la Administración ha tomado una decisión arbitraria o ilegal.
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